Durante su paso por Tucumán para avanzar en su matriculación y poder intervenir en causas locales, el abogado Fernando Burlando lanzó duras críticas contra el Ministerio Público Fiscal y advirtió sobre la existencia de una "justicia feudal" que, según afirmó, condiciona derechos básicos como la libertad de prensa y la protección a las víctimas.

Burlando, acompañado por el abogado y jurista Javier Ignacio Baños, participó de una emisión especial de Enterate Play, donde dialogó con los periodistas Roque Galeano y Amarú Orlando.

"Hay censura y presiones que vienen desde el poder"

Burlando fue tajante al referirse a la situación institucional de Tucumán y denunció una "preocupante falta de garantías" para el ejercicio de la labor periodística. Según explicó, los hechos de intimidación y censura denunciados por comunicadores locales no son episodios aislados. Por el contrario, los enmarcó en un esquema de presiones promovidas por sectores de poder interesados en silenciar voces críticas.

Para el abogado, este escenario compromete directamente la libertad de prensa y afecta no solo a los periodistas, sino a toda la ciudadanía. "Se vulnera el derecho a la información y se deteriora la calidad democrática", remarcó. En esa línea, instó a los poderes provinciales y nacionales a revisar los mecanismos legales que rigen la libertad de expresión para garantizar que ningún trabajador de prensa deba operar bajo amenazas o condicionamientos del Ministerio Público Fiscal u otros actores con influencia institucional.

Javier Ignacio Baños coincidió en el diagnóstico y señaló que en Tucumán subsisten prácticas propias de una "justicia feudal", con estructuras judiciales que funcionan con discrecionalidad, falta de control y lógicas de poder que no responden al interés público.

Ambos reclamaron reformas profundas que devuelvan independencia, transparencia y previsibilidad al sistema.

El caso Karla Robles y la responsabilidad del Estado

El análisis derivó en uno de los episodios más sensibles del último tiempo: el caso de Karla Robles, cuyo suicidio expuso fallas graves en los mecanismos provinciales de protección a víctimas de violencia de género. Burlando sostuvo que la muerte de la joven "debe obligar a una reflexión profunda" sobre la actuación del sistema judicial y policial, especialmente en lo que refiere a la recepción, seguimiento y respuesta frente a denuncias de violencia.

El abogado afirmó que, cuando el Estado recibe alertas reiteradas y no actúa con la celeridad necesaria, la omisión se convierte en una forma de complicidad. "Es inadmisible que una víctima pida ayuda y no se desplieguen las medidas urgentes que exige la situación", señaló.

Burlando incluso planteó la posibilidad de que exista responsabilidad penal por parte de funcionarios que no aplicaron medidas de protección de manera efectiva o que desatendieron señales de riesgo. Tanto él como Baños insistieron en que es indispensable investigar a fondo las fallas institucionales, determinar responsabilidades y establecer precedentes para evitar que tragedias de este tipo vuelvan a repetirse.

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