El escándalo estalló en Avellaneda luego de que Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, entregara 160 departamentos construidos por el programa Procrear a un grupo de efectivos de las Fuerzas Federales. El acto, realizado sin difusión y con calles cortadas por un operativo policial, dejó afuera a las más de 40 familias que habían sido legítimamente adjudicatarias de esas viviendas en 2023.

El complejo urbanístico del edificio Sagol, ubicado a pocas cuadras de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, había sido finalizado durante el gobierno de Alberto Fernández y correspondía al ex programa Procrear. Sin embargo, los adjudicatarios nunca pudieron acceder, pese a insistentes reclamos administrativos y judiciales. La situación se agravó tras la eliminación del plan por parte del Ministerio de Economía de Luis Caputo.

Un acto hermético y el silencio oficial

El evento fue organizado sin convocatoria pública y bajo estricto hermetismo. Sólo participaron funcionarios del Gobierno nacional, miembros de las fuerzas de seguridad y dirigentes aliados como José Luis Espert y Gerardo Milman. Mientras se entregaban las llaves, un grupo de adjudicatarios se enteró del hecho de manera casual y acudió al lugar, donde fueron acorralados por policías y apartados de la zona.

Daniela, una de las damnificadas, aseguró: "Estaba ilusionada. Este gobierno nos sacó del juego de un plumazo. Nos borraron como si no tuviésemos nada que ver con ese edificio". También criticó el silencio de las autoridades: "Quiero que expliquen cómo fue esta entrega, por qué, si es gratis o si lo van a pagar. Nosotros íbamos a devolver esa plata".

Reclamos judiciales y nuevas medidas del Gobierno

Las familias que resultaron ganadoras del último sorteo del Procrear habían presentado al menos siete amparos que aún no fueron resueltos por la Justicia. Ahora, buscan organizar un amparo colectivo con el defensor del pueblo de Avellaneda.

Desde el Ministerio de Seguridad, el secretario Martín Siracusa justificó la entrega como parte de un plan nacional de vivienda para las fuerzas. Bullrich, por su parte, defendió la decisión y cuestionó al Procrear por "beneficiar a amigos de la política" y fomentar el alquiler turístico.

La semana pasada, Caputo oficializó el cierre del programa. Disolvió el fondo fiduciario, transfirió la administración de los créditos al Banco Hipotecario y devolvió las tierras del plan a la AABE, poniendo punto final a una política que había permitido el acceso a la vivienda a miles de familias en todo el país.