La Asociación Bancaria Seccional Tucumán presentó una denuncia judicial por los hechos ocurridos el 5 de diciembre pasado en la sucursal del Banco Patagonia de la ciudad de Concepción, donde una asamblea gremial terminó en un violento episodio protagonizado por personal de Infantería.

En un comunicado que menciona a la secretaria general del gremio, Cecilia Sánchez Blas y al abogado representante Juan Andrés Robles, se señala que la organización sindical realizaba una asamblea legítima y amparada por la normativa vigente cuando un grupo de efectivos de Infantería, con el rostro cubierto y formando un cordón en la salida del banco, avanzó sobre los trabajadores.

De acuerdo con el relato y los videos aportados en la denuncia, los manifestantes fueron sorprendidos con empujones, golpes de puño, patadas, bastonazos y disparos de balas de goma.

Entre los heridos se encuentra Jorge Patricio Rivero, quien -según se indicó- fue golpeado aun cuando estaba en el piso y posteriormente detenido. También se denunciaron agresiones dentro de la comisaría.

El escrito judicial sostiene que el operativo policial configura lesiones graves dolosas agravadas por la intervención de funcionarios públicos, además de abuso de autoridad, mal desempeño y otros delitos que podrían surgir del avance de la investigación.

Robles remarca que los elementos fílmicos evidencian un accionar con dolo, señalando persecución injustificada y violencia ejercida mientras las víctimas estaban indefensas, además de intentos de impedir que se registraran los hechos.

En el escrito, el abogado citó normas del Código Penal y artículos constitucionales que resguardan el derecho a la protesta social, advirtiendo que la actuación policial fue ilegal, desproporcionada y contraria a los estándares nacionales e internacionales, al punto de configurar un caso de criminalización de la protesta.

La presentación también responsabiliza al Estado por no haber garantizado la integridad de los manifestantes ni prevenido los abusos.

Finalmente, el gremio reclamó el avance urgente de la investigación y la correspondiente sanción tanto para los autores materiales como para las autoridades policiales que, según expresan, permitieron o facilitaron el operativo violento.