A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 493, el Gobierno oficializó un nuevo paso en el proceso de privatización de AySA, la empresa encargada de proveer agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Uno de los puntos más controvertidos es la autorización para cortar el servicio a quienes se atrasen en el pago, una medida que hasta ahora estaba restringida al considerarse un servicio esencial.

El decreto se publicó este martes 22 de julio en el Boletín Oficial y entra en vigencia de forma inmediata.

Cómo será el proceso de privatización de AySA

AySA tiene actualmente el 90% de su capital en manos del Estado (a través del Ministerio de Economía), mientras que el 10% pertenece a sus trabajadores, bajo el esquema de Propiedad Participada.

El nuevo marco normativo:

• Habilita la venta parcial o total de las acciones estatales a inversores privados.

• Establece un régimen de transición de hasta cinco años para garantizar la continuidad y adaptación del servicio tras la concesión.

• Exige a la empresa un informe anual tarifario y operativo ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Corte de servicio por falta de pago: qué cambia

Por primera vez desde su estatización en 2006, AySA queda autorizada a interrumpir el suministro de agua potable y cloacas por mora en el pago. Esta decisión afecta a millones de usuarios en el AMBA, y marca un cambio estructural en la relación entre empresa y clientes.

Desde el Gobierno justificaron la medida en el "contexto de profunda crisis económica que limita la capacidad del Estado de sostener el servicio".

El nuevo rol del Estado y los organismos de control

El decreto establece un esquema de coordinación entre:

• El ERAS, responsable del control regulatorio.

• La Agencia de Planificación (APLA), que deberá diseñar un Plan Director de Mejora Estratégica para definir prioridades de inversión en obras, financiamiento y planificación de infraestructura.

Qué sigue ahora: control legislativo y tiempos políticos

El DNU 493 fue remitido a la Comisión Bicameral del Congreso, que tiene un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse sobre su validez y elevar un dictamen a ambas cámaras. Aunque se espera que el oficialismo avance con la implementación, el proceso puede enfrentar resistencias políticas y judiciales.

Claves del DNU 493

• Corte por mora: Se podrá interrumpir el suministro por falta de pago.

• Privatización: El 90% del capital estatal podrá pasar a manos privadas.

• Plan de infraestructura: La APLA diseñará un nuevo plan estratégico.

• Control y regulación: El ERAS exigirá informes tarifarios anuales.

• Transición: Habrá hasta cinco años de adecuación al nuevo régimen.