Mientras la fiscalía avanza en la investigación de la presunta secta que habría sido liderada por dos empleados del Senado bonaerense, la causa sumó en los últimos días un nuevo capítulo clave. Declaró un testigo señalado por las víctimas como parte de una maniobra que habría frenado el avance de las denuncias en un momento decisivo.

Se trata de Claudio Yacoy, abogado y actual secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, quien se presentó de manera espontánea ante la Justicia y negó cualquier tipo de intervención irregular.

Qué dijo Claudio Yacoy ante la Justicia

En su declaración, Yacoy aseguró que nunca fue notificado formalmente para declarar y negó haber realizado gestiones judiciales vinculadas a las denuncias, como sostienen las víctimas.

Según consta en el expediente, la DDI intentó ubicarlo sin éxito. El contacto se habría canalizado a través de Melina Gaudino, quien, de acuerdo a una fuente judicial, habría facilitado un número telefónico incorrecto del abogado.

Para los investigadores, este dato se suma a una serie de inconsistencias que ahora son analizadas bajo la hipótesis de un posible entorpecimiento de la investigación o incluso un delito de encubrimiento.

El rol de Melina Gaudino, cada vez más cuestionado

Gaudino fue mencionada por al menos tres denunciantes como la persona que se ofreció a ayudarlas cuando decidieron denunciar los abusos. Según relataron, fue quien las vinculó con Yacoy y quien durante meses les aseguró que la causa judicial estaba en marcha.

Sin embargo, cuando las víctimas se acercaron personalmente a la fiscalía, descubrieron que no había ninguna presentación judicial y que las denuncias ni siquiera habían sido ingresadas.

Fue directora de Coordinación Municipal

Gaudino tenía el cargo en el Ministerio de Seguridad bonaerense y fue apartada de ese cargo en diciembre de 2023. En 2024 asumió como responsable del área de Acceso a la Justicia de la Municipalidad de La Plata, pero también fue desplazada a fines de ese año.

Fuentes judiciales señalaron que su paso por distintos organismos estuvo marcado por conflictos internos y que, además, habría brindado información falsa sobre su formación profesional, ya que se presentaba como abogada sin haber finalizado la carrera.

Cómo sigue la causa por la presunta secta del Senado bonaerense

La causa principal tiene como imputados a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado bonaerense y referentes del espacio kirchnerista La Capitana en La Plata. Permanecen detenidos desde fines de diciembre, procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019.

La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, investiga si los acusados montaron una organización con rasgos sectarios denominada "La Orden de la Luz". Según los testimonios, Rodríguez se presentaba como una entidad divina llamada "Dios Kiei", mientras que Silva Muñoz cumplía un rol central en la captación y sometimiento de las víctimas.

Las denunciantes relataron un esquema sostenido de manipulación psicológica, amenazas, violencia física y abusos sexuales reiterados, además de castigos, dependencia económica y un férreo sistema de control.

En paralelo, la Justicia investiga hechos que habrían ocurrido dentro de la oficina 007 del Senado bonaerense, en un expediente aún en etapa de instrucción.

Apertura de celulares

El 22 de enero está prevista la apertura de los celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Para la fiscalía, ese material podría ser clave para determinar cómo funcionaba la presunta secta y si existió una red de protección alrededor de los imputados.

Los investigadores estiman que podría haber al menos 20 víctimas, algunas menores de edad al momento de los hechos. Muchas todavía no se animaron a denunciar, pero podrían declarar como testigos en las próximas semanas.