La estación de servicio YPF ubicada en Mate de Luna y Ejército del Norte fue una de las primeras en Tucumán en instalar surtidores de autodespacho de combustible, una modalidad autorizada por el Gobierno nacional desde marzo. Aunque aún no están en funcionamiento, su sola presencia generó reacciones inmediatas en la Legislatura provincial, donde un grupo de legisladores ya impulsa una ley para prohibir el autoservicio.

El proyecto fue presentado por Claudio Viña (Compromiso Tucumán), con apoyo de Raquel Nievas (UCR), y apunta a impedir que cualquier usuario cargue nafta o GNC sin intervención de personal capacitado, alegando razones de seguridad.

¿seguridad o avance tecnológico?

Los legisladores que impulsan la prohibición sostienen que manipular combustibles implica riesgos de incendio, explosión e intoxicación que deben ser manejados por personal entrenado: "No es lo mismo servirse una gaseosa que cargar nafta", advirtió Viña. Además, planteó que en otros países e incluso dentro de Argentina ya se han registrado accidentes por errores humanos en este tipo de prácticas.

Sin embargo, desde el sector empresarial desmienten esta versión. Sebastián Vargiu, presidente de Capega, aseguró que los casos mencionados son infrecuentes y no justifican una prohibición generalizada. Por otro lado, el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, defiende la medida como parte de un proceso de modernización del sistema, eliminando normas vigentes desde 1983.

Provincias que ya dijeron no 

Buenos Aires, La Pampa y Jujuy ya tienen restricciones similares. En la provincia de Axel Kicillof, por ejemplo, rige desde 2007 una ley que obliga a contar con personal para despachar combustible, con sanciones a quienes incumplan.

En paralelo, el sindicato de empleados de estaciones de servicio (Soesgype), que lidera Carlos Acuña, también se expresó en contra del autoservicio y advirtió que podrían perderse hasta 70.000 puestos de trabajo. No descartan medidas de fuerza si el sistema se expande.

Por ahora, el proyecto tucumano fue girado a las comisiones de Obras Públicas y de Seguridad para su análisis. Mientras tanto, la polémica sigue latente en una provincia donde la crisis económica agudiza la preocupación por la pérdida de empleos y la seguridad ciudadana.