A 13 días de que el cuerpo de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, fuera encontrado en un basural de Manantial Sur con signos de haber sido brutalmente asesinada, este miércoles por la mañana comenzó formalmente el proceso judicial contra Felipe Sosa, principal acusado del crimen. 

Según el acta del ECIF, el cadáver estaba dentro de "tres bolsas de consorcio unidas por una cinta adhesiva negra" y presentaba una cuerda negra de 3,91 metros que ataba los talones y rodeaba el cuello con varias vueltas.

El informe detalló que la víctima estaba "completamente desnuda, en avanzado estado de descomposición", con múltiples tatuajes que luego permitirían su identificación.

La audiencia del día de hoy se desarrolló de manera virtual y marca el primer paso formal de la causa, con tres ejes centrales: la validación de la detención, la formulación de cargos y la definición de las medidas de coerción.

La audiencia fue presidida por el juez Bernardo L'Erario, con la acusación a cargo del fiscal Carlos Picón, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, junto al auxiliar fiscal Guillermo Giordano.

Durante la verificación de datos personales del acusado, surgieron las primeras confrontaciones. La defensa del acusado -integrada por Rubén Flores,  Marcelo Cosiansi, Isaías Díaz Romero y Sergio Díaz Juárez - cuestionó la extensión del interrogatorio a Sosa. El juez coincidió parcialmente y pidió avanzar. 

En ese tramo, Felipe Sosa se presentó y reconoció su formación militar, confirmó que es propietario de la empresa de nombre "Seguridad Objetiva" y declaró percibir un ingreso mensual de $1,250 millones como empleado. 

La detención de Sosa: el juez rechazó los planteos defensivos

Uno de los momentos clave fue el debate sobre la legalidad de la detención. La defensa sostuvo que el procedimiento fue irregular, argumentando que Sosa no sabía que estaba siendo investigado y que su presencia en Buenos Aires no respondía a una fuga, sino a un viaje ya planificado con sus hijas. Sin embargo, se lo encontró en moto, lo que hace pensar al fiscal del caso que no tenía pretendido hacer ese viaje familiar. 

Incluso, uno de los abogados calificó el traslado del acusado a Tucumán como un "circo mediático". Sin embargo, tras escuchar a las partes, el juez L'Erario fue contundente: la detención fue legítima y no hubo violaciones a los derechos del imputado.

Lo que viene: imputación y medidas de coerción

La audiencia continúa con otros dos puntos decisivos: la imputación formal contra Felipe Sosa y la discusión sobre las medidas de coerción que se le aplicarán mientras avanza la causa.

En la sala virtual también participó el abogado querellante Carlos Garmendia, junto al padre de la víctima, Walter Marcelo Álvarez, quien sigue de cerca cada instancia del proceso.

Autopsia de Antonella álvarez 

La autopsia preliminar determinó que la víctima murió como consecuencia de una golpiza salvaje y que todas las lesiones se concentraban en el lado derecho del cuerpo. Además, presentaba la mandíbula dislocada, un detalle que encendió la alarma de los forenses, quienes no descartan que haya sido sometida a torturas antes de su muerte. 

Otro elemento que reforzó esa hipótesis fue que el cuerpo llevaba entre 36 y 48 horas en el lugar, lo que sugiere que fue trasladado y abandonado con planificación y conocimiento del terreno.

Tanto el fiscal Carlos Picón como los abogados querellantes coincidieron en señalar durante la audiencia que la violencia de los golpes y la manera en que fue atado el cuerpo de la víctima evidencian un accionar propio de alguien con experiencia y entrenamiento, compatible con la formación militar que posee Sosa.

Advertencias previas 

La hermana de Érika Antonella, Karen, habló con Enterate Play el pasado 13 de enero, donde mencionó un testimonio clave y la confirmación de advertencias previas por parte de la víctima: "Ella siempre nos decía que tenía miedo, que la seguían." 

Según contó, lo último que Antonella le dijo a su mamá fue estremecedor: "Le dijo: ‘Mamá, no te asustés, pero a mí me persiguen'".

Karen explicó que su hermana anotaba patentes, sacaba fotos y guardaba datos de vehículos: "Hoy nos damos cuenta de que todo lo que ella decía era verdad", sostuvo.

Finalmente, el juez Bernardo L'Erario decidió otorgar 6 meses de prisión preventiva para el acusado del crimen.