Argentina pagará US$822 millones al Fondo Monetario Internacional
El Gobierno deberá destinar reservas internacionales para afrontar el pago de intereses del acuerdo firmado en 2018, en un mes en el cual vencen también otros compromisos externos por más de US$1.000millones.
El Estado argentino enfrentará un vencimiento significativo en moneda extranjera: deberá pagar US$822millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) el próximo lunes en concepto de intereses por el crédito de US$45.000 millones tomado en 2018.
Este pago implicará un uso de las reservas internacionales del país, que actualmente rondaban los US$40.495millones. Además, cuando se suman otros vencimientos externos por US$217millones con distintos organismos multilaterales, el total de compromisos en moneda extranjera para noviembre asciende a US$1.038millones.
¿Por qué es importante este pago?
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Se trata de un pago de intereses, lo que significa que la obligación no puede postergarse al cierre de mes, como sucede con algunos vencimientos de capital.
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El hecho repercute directamente en las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA), elemento clave para la estabilidad cambiaria y de precios.
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El monto confirma la persistencia del desafío que representa el servicio de la deuda externa para el país, en un contexto global y local de incertidumbre económica.
Factores que agravan el escenario
El gobierno argentino había reforzado las reservas mediante un préstamo recibido en abril por US$20.000 millones, lo que dio un respaldo temporal. Sin embargo, el desembolso del gran volumen no elimina la necesidad de seguir atendiendo vencimientos regulares en dólares.
Además, alguno de los recursos del préstamo originalmente estaban destinados a estabilizar la economía y fomentar el crecimiento, pero el pago se realiza antes de que esos efectos puedan consolidarse plenamente.
Mirando hacia adelante
Este pago anticipa que la Argentina deberá continuar implementando políticas de orden fiscal y acumulación de reservas para mitigar el impacto del servicio de la deuda en el mediano plazo. Al mismo tiempo, genera presión adicional sobre la agenda económica del Gobierno para cumplir con metas cambiarias, monetarias y fiscales que permitan evitar escenarios de tensión cambiaria o de fuga de capitales.