La justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. La jueza Loretta Preska rechazó la solicitud para frenar la transferencia del 51% del paquete accionario que está en manos del Estado, como parte del pago de la sentencia por US$ 16.100 millones a los fondos Burford y Eton Park.

Ante esta decisión, el Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la entrega de los títulos. El subprocurador del Tesoro, Juan Ignacio Stampalija, adelantó que se apelará ante la Cámara de Apelaciones con el objetivo de revertir la decisión y lograr una suspensión temporal hasta que haya un fallo definitivo. La jueza Preska fue dura en su resolución y acusó al país de "demorar y eludir sus obligaciones".

El 17 de julio vence el plazo para entregar las acciones

La preocupación del Ejecutivo se intensifica porque este jueves 17 de julio vence el plazo impuesto por Preska para entregar las acciones de YPF, y en caso de incumplimiento, podría solicitarse un desacato judicial, como ocurrió en 2014 con el juez Thomas Griesa.

En paralelo, se convocó a una audiencia este martes en Nueva York para discutir la entrega de información sobre empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Central, que los fondos litigantes buscan embargar por considerarlas parte del "alter ego" del Estado argentino.

El juicio se originó por la expropiación del 51% de YPF en 2012 sin ofrecer las mismas condiciones al resto de los accionistas, como lo establece el estatuto de la petrolera. El presidente Javier Milei afirmó que el fallo "no tiene aplicación" porque viola la ley argentina, y aseguró que "para ejecutarlo se necesita una ley del Congreso con dos tercios, y eso no va a ocurrir".