Argentina inicia una estrategia judicial en EEUU para proteger acciones de YPF
El país presentará su primer escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para frenar la entrega de acciones de YPF al fondo Burford, tras la millonaria condena por la estatización de la petrolera.
Argentina se prepara para defender YPF en Nueva York
La Argentina comenzó este jueves el proceso legal clave para evitar la entrega de acciones de YPF al fondo Burford, ordenada por la jueza Loretta Preska como parte del pago de una sentencia de US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera durante el kirchnerismo.
Los abogados del Estado presentarán un escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, que ya había suspendido temporalmente la orden de Preska. Este primer paso marca el inicio de un calendario que podría extenderse hasta 2026, incluyendo la audiencia oral prevista para después de las elecciones legislativas, el 29 de octubre.
Calendario judicial y próximos pasos
Los demandantes solicitaron que la Corte establezca fechas para los próximos intercambios de escritos: el 14 de noviembre para su respuesta y el 12 de diciembre para la réplica argentina. Luego, la Corte evaluará los argumentos de ambas partes antes de decidir sobre la entrega de acciones y la validez de la condena millonaria.
Mientras tanto, YPF permanece bajo control estatal, y el Gobierno refuerza su estrategia legal para limitar el impacto económico y político de la sentencia. La apelación no solo busca anular la condena, sino también cuestionar el monto establecido por Preska.
Contexto de litigios internacionales del Estado argentino
En paralelo, la Procuración del Tesoro logró reducir recientemente en US$30 millones una sentencia internacional en el caso "Webuild c/ República Argentina", relacionado con la concesión vial Rosario-Victoria. Esta decisión evidencia la continuidad de la estrategia del Estado para mitigar las consecuencias económicas de litigios heredados de administraciones anteriores.
La defensa de YPF en Nueva York se perfila como uno de los procesos judiciales más importantes para el país en el corto plazo, con repercusiones directas sobre la política energética y la estabilidad financiera del Estado.