YPF: Argentina pidió frenar la entrega de chats y correos de funcionarios en Nueva York

El Gobierno presentó dos mociones ante la jueza Preska para evitar que se avance con el "discovery" que exige recolectar mensajes personales vinculados a la petrolera. La causa por la expropiación ya acumula un reclamo de USD 18.000 millones.

Argentina busca frenar el acceso a mensajes personales

En el marco del litigio por la expropiación de YPF, el Estado argentino solicitó a la jueza Loretta Preska, del tribunal del Segundo Circuito de Nueva York, que reconsidere la orden que lo obliga a recolectar y entregar mensajes, correos y chats de funcionarios actuales y pasados.

Según la Procuración del Tesoro (PTN), la medida es inviable porque esos dispositivos y cuentas son de propiedad privada. "El gobierno no tiene posesión ni control sobre los datos personales de sus funcionarios", remarcaron en la presentación.

El argumento legal de la defensa

El escrito oficial plantea que el tribunal pasó por alto un punto central: bajo la legislación de Estados Unidos, solo se pueden requerir documentos bajo custodia del demandado. En la misma línea, se recordó que el derecho argentino protege la inviolabilidad de datos personales, incluso frente al propio Estado.

Una segunda moción apunta a limitar los pedidos de información sobre activos argentinos. El reclamo señala que la orden de Preska desoye jurisprudencia de la Corte Suprema de EE.UU., que restringe el "discovery" únicamente a bienes ejecutables.

Un juicio millonario que sigue en disputa

La orden de la jueza, emitida a fines de julio, alcanza a figuras como el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y al ex titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa. También involucra información del Banco Central. El objetivo es probar que la Argentina y YPF operaron como un "alter ego" durante la expropiación de 2012.

Preska ya había condenado al país a pagar cerca de USD 18.000 millones, con Burford Capital como principal beneficiario. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Nueva York concedió al Estado la posibilidad de apelar sin desprenderse de sus acciones en YPF, que seguirán en la Caja de Valores.

Desde Economía celebraron el fallo y destacaron que Estados Unidos fue aceptado como "amicus curiae" en apoyo a la posición argentina. Para el Gobierno, se trata de un paso clave en la defensa de un activo estratégico.

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