El querellante Roberto Mazzoni presentó una apelación ante la Cámara Federal porteña contra el sobreseimiento dictado por el juez Ariel Lijo en la causa que investiga presunta trata de personas y suministro de estupefacientes, en la que están implicados los empresarios Alejandro Roemmers, Juan Matías Barreiro, Daniel Santiago Durán, Enzo Pérez Pallota y Pedro Quintana.

En paralelo, Mazzoni solicitó que se aparte del expediente tanto al juez Lijo como al fiscal Ramiro González, alegando falta de imparcialidad y desinterés en la investigación.

Denuncias por falta de imparcialidad

A través de un comunicado, Mazzoni afirmó que el sobreseimiento "es un acto inválido" debido a la existencia de "pruebas contundentes" en la causa. Señaló que el juez Lijo habría actuado con "prejuicio y animosidad" hacia su persona, incluso vertiendo comentarios descalificadores ante periodistas que lo consultaron tras el fallo.

Mazzoni también criticó el desempeño del fiscal González, indicando que ambos "incumplieron de modo voluntario" con las órdenes de la Cámara, ignorando pruebas clave y aceptando testimonios falsos que fueron desacreditados con evidencia.

"Vivo con dignidad, no extorsiono"

Además de desmentir comunicados difundidos por las defensas de los empresarios, Mazzoni negó haber cometido extorsión. "Jamás tuve una causa penal por ese delito. Vivo de mi trabajo como martillero público y con una dignidad que ninguno de ellos conoce", sostuvo.

El denunciante también destacó que organismos como el Programa Nacional de Rescate de Víctimas de Trata, la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT) y el Ministerio de Seguridad expresaron su preocupación por la causa y aportaron informes que, según él, fueron desestimados por la Justicia.

El fallo de Lijo

El juez federal Ariel Lijo dictó la semana pasada el sobreseimiento de los empresarios en una resolución de 27 páginas, a la que accedió el diario Clarín. La denuncia original había sido presentada en 2023 durante una audiencia en el Congreso y tuvo fuerte repercusión pública.

La causa 1052/2022 investigaba un supuesto esquema de trata y suministro de drogas en el que, según el denunciante, él mismo fue víctima. Ahora, con la apelación en curso, será la Cámara Federal quien decida si se reabre la investigación o se mantiene el fallo de primera instancia.