Justina Gordillo, la pareja de Felipe "El Militar" Sosa, principal acusado por el crimen de Érika Álvarez, fue trasladada de su puesto en la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia al archivo, a la espera de que se resuelva su situación judicial. La medida fue adoptada por los miembros del Máximo Tribunal, quienes además resolvieron congelar su pago de haberes por la misma razón.

Gordillo, quien se encargaba de las licencias, asistencias y otras tareas administrativas, fue arrestada el domingo por la tarde en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la Justicia a pedido de la Policía. La sospechosa ostenta el cargo de prosecretaria desde septiembre de 2010 y no trabajaba con ninguno de los vocales de la Corte, sino en Superintendencia por lo que no tenía contacto con causas judiciales, según se informó.

Hasta aquí, los investigadores determinaron que el martes 6, pasadas las 21, Sosa arribó a su vivienda de Santo Domingo al 1.000 junto a Érika, a bordo de una moto KTM. Minutos después llegó Gordillo y, posteriormente, otros dos hombres. Los tres últimos dejaron el lugar, pasada la medianoche del miércoles 8. Según pudo advertirse en las cámaras de seguridad, Gordillo regresó varias horas más tarde al lugar y permaneció allí durante un largo período, incluso en el momento en que Sosa habría realizado distintas maniobras para deshacerse del cuerpo de la víctima.

De acuerdo con los datos aportados por los familiares, Érika participaba en encuentros sexuales grupales en los que se consumían drogas. Mantenía una relación con Sosa desde hacía al menos dos años y también conocía a Gordillo, aunque -según aclaró una de las hermanas de la víctima- desconocía que era la pareja del "Militar", el único procesado hasta el momento. El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de bolsas de residuos el 8 de enero en un basural en el barrio Manantial Sur.

La situación procesal de Gordillo será analizada ahora día a día y de eso dependerá además su presente laboral ya que no se descarta que si hay pruebas directas de su participación en el homicidio se determinen medidas más graves, incluyendo la cesantía.

Malestar en la Justicia

La investigación del caso provocó quejas airadas del gobernador Osvaldo Jaldo, quien cuestionó el accionar de la justicia. "Vemos con mucha preocupación que la Justicia no está avanzando con la velocidad que requiere un caso tan grave como este. El Poder Ejecutivo está haciendo todo lo posible para que se esclarezca, pero observamos que ese esfuerzo no está siendo acompañado por fiscales y jueces", le dijo a La Gaceta el primer mandatario. Según trascendió, las declaraciones no cayeron bien en el Poder Judicial.

Si bien no hubo una respuesta directa (ni el presidente Daniel Leiva ni el resto de los vocales suelen hacer declaraciones), se supo que hubo malestar, más si se tiene en cuenta que la orden de detención fue otorgada por la jueza Alejandra Balcazar el mismo domingo, una hora después de que fue requerida por el fiscal Pedro Gallo. Y que al mismo tiempo el pedido de la Policía para detener a Gordillo se efectivizó el jueves ante el fiscal Marcelo Leguizamón quien el viernes por la tarde ordenó la realización de medidas complementarias. Entre ellas, solicitó que la familia identificara a Érika como la mujer que era trasladada por Sosa y también pidió el secuestro de la moto del imputado.

Según trascendió, las críticas del gobernador motivaron un llamado telefónico con el titular de la Corte para aclarar la situación. Y en la misma se puso énfasis en los distintos roles que cumplen en una investigación la Policía, el Ministerio Publico Fiscal y el Poder Judicial como órganos distintos e independientes.

Fuente: La Gaceta