Lo que comenzó como una denuncia por extorsión, terminó exponiendo una trama de presuntas prácticas ilegales en la Policía de Famaillá. La causa se activó tras un allanamiento que, según la denunciante, se realizó sin exhibir ninguna orden judicial y con maniobras que despertaron sospechas desde el primer minuto.

La mujer relató que varios policías irrumpieron en su casa buscando a "un tal Pañal", identificado como Cristian Daniel Gómez, investigado por un hurto simple. Pero los registros oficiales mostraron luego que Gómez ya había sido detenido más temprano en otro domicilio por orden del juez Marcos Núñez Campero, lo que abrió el primer interrogante sobre la legalidad del operativo.

Durante el procedimiento, uno de los efectivos ingresó al baño con una riñonera y realizó movimientos extraños. El marido de la denunciante gritó que le estaban "plantando algo", lo que derivó en un cruce de insultos. Para ella, ese momento marcó el inicio de un operativo armado para extorsionar a su familia.

Según su declaración, el comisario a cargo le pidió $5 millones para no complicar la situación judicial de su pareja, y ante su negativa bajó la exigencia a $3 millones. Incluso, afirmó que el jefe policial llegó a sugerirle que su esposo debía "vender droga" para él si quería "evitar problemas".

A esto se suma otro punto crítico: durante el allanamiento desapareció una pistola registrada a nombre del hombre. Esa arma nunca fue encontrada, y su presunta retención es considerada una de las irregularidades más graves del caso.

Videos secretos, un allanamiento al comisario y un silencio oficial que genera inquietud

La investigación tomó un giro decisivo cuando un vecino aportó 16 videos, 10 capturas de pantalla y varios audios grabados en secreto, donde se vería parte de la entrega del dinero. En uno de los registros aparece la abogada que inicialmente representaba a la denunciante dando indicaciones sobre cómo realizar el pago; en otro, el comisario evita responder sobre el arma desaparecida.

La gravedad de los elementos motivó un allanamiento al domicilio del jefe policial. La medida fue autorizada por el juez Mario Velázquez, quien no dejó pasar un dato institucional: la requisitoria fiscal estaba firmada por un auxiliar, pese a que la Constitución provincial impide delegar funciones esenciales del Ministerio Público Fiscal. Esto abrió un debate paralelo dentro del expediente.

El procedimiento dejó un listado llamativo:

• 2 notebooks

• 7 pendrives en un escritorio

• 5 celulares en el dormitorio

• 1 CPU en el pasillo

• 1 celular dentro de un Fiat Cronos

• 5 pendrives adicionales en otro vehículo

• $8.783.000 en efectivo, que -pese a constar en acta- no fue secuestrado y fue devuelto por orden del auxiliar fiscal

Con ese material en manos de la Justicia, la causa ahora busca determinar si existía un esquema policial paralelo, basado en extorsiones, pedidos de dinero y maniobras por fuera de toda legalidad. Hasta el momento no hay policías detenidos, pero el análisis de los dispositivos electrónicos y del DVR secuestrado podría ordenar el rumbo del expediente.

Mientras tanto, tanto el Ministerio de Seguridad como el Ministerio Público Fiscal evitaron hacer declaraciones, un silencio que alimenta las dudas y profundiza la conmoción interna en una fuerza que quedó bajo la lupa.