La Ley Bases cumplió su primer año de vigencia el 8 de julio de 2025, y sus efectos ya son tangibles en todas las áreas del Estado y la economía. El megaproyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei prometía desburocratizar, modernizar el Estado y atraer inversiones, pero los datos relevados en el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestran un escenario muy distinto: concentración de poder, caída del empleo registrado, desguace institucional, recaudación más regresiva y un Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI) que no logró los resultados esperados.

Concentración de poder y vaciamiento institucional

Uno de los pilares de la Ley Bases fue la delegación de amplias facultades legislativas al Poder Ejecutivo, que permitió al presidente legislar por decreto en un número récord. En un año se dictaron 157 decretos con carácter legislativo -75 DNU y 82 decretos delegados-, de los cuales 61 se ampararon directamente en la Ley Bases.

Con estas herramientas, el Gobierno disolvió organismos clave como el INADI, ENOHSA y el ENTE Vía Navegable. También eliminó 20 fondos fiduciarios que financiaban programas sociales, de infraestructura y tecnológicos, como el PROCREAR, el Fondo de Integración Socio Urbana y el Fondo para Vivienda Social, sin crear alternativas en el sector privado.

Privatizaciones sin rumbo y desguace de empresas públicas

La Ley Bases habilitó la privatización total o parcial de ocho empresas estratégicas, pero el Gobierno avanzó más allá: impulsó ventas y transformaciones en entidades no autorizadas por el Congreso como Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y el Banco Nación (este último, frenado judicialmente).

El caso de Yacimientos Carboníferos Río Turbio es paradigmático: se transformó en sociedad anónima con fines de privatización, mientras se desmantelaba el proyecto original de energía con carbón nacional. En Intercargo, una empresa rentable, se autorizó la competencia desleal de firmas privadas. Y en AySA se anunció la venta del 90% del capital accionario.

Incluso IMPSA, una firma tecnológica de alta complejidad rescatada por el Estado en 2021, fue vendida este año a una firma estadounidense, en lo que el informe califica como una "malventa" de una empresa estratégica.

RIGI: beneficios a grandes inversores sin impacto real

El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado como una de las herramientas clave del Gobierno para atraer capitales. Sin embargo, a un año de su implementación, solo cinco proyectos fueron aprobados, y cuatro de ellos ya estaban en carpeta antes del régimen. En cuanto a empleo, los proyectos generan una cantidad muy baja de puestos de trabajo y el ingreso de divisas ha sido mínimo.

Los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios entregados al capital extranjero contrastan con la casi nula exigencia de contenido nacional, transferencia tecnológica o creación de empleo genuino.

Un sistema tributario más regresivo

El sistema impositivo sufrió un cambio regresivo. La reducción de alícuotas de Bienes Personales y la restitución del impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia hicieron que el peso del ajuste recayera más sobre los asalariados que sobre los grandes patrimonios. En otras palabras, quienes más tienen pagan menos, y quienes viven de un sueldo soportan una mayor carga fiscal.

Caída del empleo registrado y más precarización

Las reformas laborales prometían "modernización" y "blanqueo", pero los datos oficiales muestran una caída del empleo registrado. En el sector privado no hubo mejoras significativas, y en el público se produjo una reducción masiva de personal.

Además, la extensión del período de prueba, la figura del "colaborador" y la baja de sanciones por no registración no lograron reducir la informalidad. Por el contrario, aumentó la rotación y la precarización laboral.

Conclusión: un balance negativo

A un año de su entrada en vigencia, la Ley Bases evidencia un fuerte retroceso en derechos laborales, capacidades estatales y equidad tributaria. El informe señala que no se han cumplido los objetivos de atraer inversiones ni mejorar la eficiencia del Estado. Por el contrario, se consolidó una arquitectura institucional más concentrada, con menor control democrático, y un modelo económico que debilita el tejido productivo nacional y empobrece a los trabajadores.

Informe completo: "Impactos del primer año de vigencia de la Ley Bases. Desarticulación de organismos del Estado y empresas públicas, RIGI sin éxito, regresividad en recaudación y caída de empleo registrado."