La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó la cancelación de las habilitaciones de más de 60 establecimientos vinculados al rubro de la salud, incluyendo laboratorios, droguerías y empresas de logística. La decisión, publicada este viernes bajo la Disposición 694/2026 en el Boletín Oficial, responde a que las firmas operaban con permisos vencidos, lo que les impide continuar realizando el tránsito interjurisdiccional de sus productos.

Al quedar inhabilitadas para comercializar fuera de sus distritos de origen, la medida impacta directamente en el envío de insumos médicos hacia el interior del país, cortando la cadena de distribución de estas empresas específicas hacia farmacias y centros de atención en provincias.

En la extensa lista de firmas afectadas figuran droguerías como Menon, Surmedic y Popular; distribuidoras logísticas como Distrimen S.A., y laboratorios como Biosidus Farma S.A.

Controles estrictos para proteger la salud pública

La normativa vigente (Ley N° 16.463) establece que la producción, importación, fraccionamiento y comercialización interprovincial de medicamentos y reactivos médicos solo puede realizarse bajo la estricta supervisión de la autoridad sanitaria. El objetivo central de estas exigencias es garantizar que los insumos que llegan a los trabajadores, jubilados y familias cumplan con los más altos estándares de calidad y seguridad.

En ese sentido, la ANMAT recordó que el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Distribución tiene una vigencia exacta de cinco años. Una vez superado ese plazo, las empresas tienen la obligación de tramitar su renovación con al menos 60 días de anticipación para poder seguir operando. Ninguna de las más de 60 firmas dadas de baja cumplió con este requisito administrativo esencial.

Antecedentes recientes de irregularidades en el sector

Esta cancelación de permisos se suma a un accionar similar llevado a cabo por el organismo de control la semana pasada, cuando clausuró a los laboratorios Inmunolab S.A., Cerium S.A. y Laboratorios Gordon S.A.C.I.F.I.A.

Los motivos detrás de aquellas inhabilitaciones revelaron irregularidades graves en el manejo de las empresas, que iban desde falta de actividad productiva comprobable y certificados vencidos, hasta la ausencia total de un director técnico profesional a cargo. En el caso de Inmunolab S.A., el Estado también constató que la firma atravesaba un proceso judicial de desalojo del inmueble que ocupaba.