El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, quedó en el centro de una investigación judicial tras revelarse que pagó durante años los impuestos inmobiliarios de tres departamentos en el estado de Florida, cuyas valuaciones superan los 2 millones de dólares, sin haberlos declarado ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Según documentación oficial del condado de Miami-Dade, Vázquez abonó los tributos con cheques electrónicos ("e-checks") emitidos a su nombre por tres propiedades ubicadas en Brickell (495 y 1060) y en Collins 17.475, Sunny Isles Beach, zonas exclusivas del sur de Estados Unidos.

De acuerdo con fuentes judiciales, aún se investiga si el funcionario informó esos inmuebles o las sociedades interpuestas ante el organismo en el que trabaja, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP.

Una red de sociedades offshore y una causa por lavado

La pesquisa revela que Vázquez administró las propiedades a través de un entramado de sociedades offshore que mantiene activo desde hace más de una década. La estructura incluye una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), que a su vez controla dos firmas radicadas en Panamá, utilizadas como vehículo para adquirir los inmuebles en Miami.

Una investigación conjunta de LA NACION y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) ya había expuesto la existencia de esas propiedades en diciembre pasado, hecho que derivó en una causa judicial por presunta omisión maliciosa, evasión tributaria y lavado de activos.

El expediente se inició bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, quienes solicitaron exhortos internacionales a Estados Unidos y varios paraísos fiscales. En septiembre, Vázquez logró que la causa pasara al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán, que ya instruían otra investigación sobre él.

Actualmente, el expediente se encuentra en plena etapa de instrucción. La Justicia ordenó múltiples medidas a pedido del Ministerio Público Fiscal, con intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Un funcionario clave del gobierno de Milei

Designado por Javier Milei en octubre de 2024, Vázquez fue presentado como uno de los pilares del gobierno en la lucha contra la evasión fiscal. Apenas asumió, colocó en cargos estratégicos a su pareja y a colaboradores de confianza provenientes del área de fiscalización de la AFIP, varios de ellos señalados por su actuación en causas contra Lázaro Báez y Cristóbal López durante el kirchnerismo.

Funcionario de carrera desde 1990, Vázquez fue director de la Regional Sur Metropolitana de la AFIP entre 2009 y 2016 y acumuló denuncias penales, entre ellas una por un operativo contra el Grupo Clarín durante el kirchnerismo.

Fue precisamente en ese período -entre 2013 y 2015- cuando adquirió los tres inmuebles en Miami a través de las firmas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp, que luego transfirió a las sociedades Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, radicadas en las BVI.

Los inmuebles y los pagos que lo comprometen

El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp compró la unidad 3504 del complejo Icon Brickell (495 Brickell Ave) por USD 710.000. Al día siguiente adquirió otra unidad en 1060 Brickell Ave por USD 350.000. En 2015, Pompeya Group Corp sumó una tercera propiedad: la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles Beach, por USD 980.000.

Los registros fiscales de Miami-Dade indican que Vázquez pagó personalmente los impuestos de esos inmuebles entre 2014 y 2018. En los comprobantes figuran los montos y los números de e-check a su nombre, antes de que los pagos pasaran a nombre de Alcorta Group a partir de 2019.

El expediente judicial también incluye vínculos documentales entre el funcionario y las sociedades offshore. En Panchy Ventures Limited, Vázquez aparece junto a su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de la AFIP. Ambos figuraron como copropietarios hasta la disolución de la firma en 2022.

En Galanthus Capital Limited, en tanto, Vázquez aparece como único director ante el bufete Trident Trust, que lo catalogó como "persona políticamente expuesta (PEP)" y abrió un legajo de diligencia reforzada. Allí constan su pasaporte, correo personal y su dirección en Puerto Madero, coincidente con la que figura en su documento.

Silencio oficial y nuevas medidas judiciales

Consultado por LA NACION, Vázquez no respondió a las preguntas enviadas a través de su vocera desde el jueves pasado.

Mientras tanto, la investigación continúa. La Justicia busca determinar si las propiedades fueron adquiridas con fondos no declarados y si los movimientos financieros a través de las sociedades offshore configuran maniobras de lavado de activos.

El caso, que ya sacude las filas de la administración de Milei, pone bajo la lupa al máximo responsable de la recaudación fiscal en el país, acusado de ocultar bienes millonarios en el exterior y de incumplir las mismas normas que debe hacer cumplir.