En una audiencia realizada el 5 de febrero de 2025, el juez Sebastián Mardiza decidió extender la prisión preventiva de tres imputados en la causa que investiga el desvío y venta ilegal de mercadería destinada a sectores vulnerables. La medida se prolongará por 90 días, con vencimiento el 6 de mayo, debido a la existencia de riesgos procesales y nuevas pruebas presentadas por la fiscalía.

El caso comenzó con una denuncia por violencia de género que derivó en un allanamiento donde se hallaron grandes cantidades de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Según la investigación, los acusados retiraban productos destinados a organizaciones sociales y, en lugar de distribuirlos, los comercializaban de manera irregular.

Quiénes son los imputados y cómo operaban

Los principales imputados son Alberto Felipe López (58) y Juan López Cansillieri (39), señalados como los cabecillas de la operación. También fueron imputados Brenda Gisell Muñoz (23), Malvina Soledad Décima (27) y Arturo Alejandro Augier (35), quienes habrían cumplido roles clave en la distribución irregular de la mercadería.

Durante la audiencia, la Fiscalía de Delitos Complejos, encabezada por Mariana Rivadeneira, presentó nuevos análisis de teléfonos incautados. "Se ha verificado la comunicación entre los imputados y su vinculación con la comercialización de la mercadería", detalló la auxiliar de fiscal Brenda Deroy. También se reveló que Juan López Cansillieri, pese a estar detenido, habría seguido impartiendo órdenes desde su lugar de reclusión.

Ante estas pruebas, la fiscalía solicitó la extensión de la prisión preventiva, argumentando que los riesgos procesales no solo se mantienen, sino que se han agravado. "Se intentaron borrar pruebas y manipular testimonios", afirmó Deroy. En este sentido, solicitó 120 días adicionales para Augier y Muñoz en prisión preventiva y arresto domiciliario para Décima.

El querellante José María Molina, en representación del Gobierno de Tucumán, respaldó la solicitud, destacando que "las pericias demuestran el rol de los imputados y la estructura de la maniobra".

Por su parte, las defensas de los acusados rechazaron la prórroga, argumentando falta de acceso a la información en tiempo y forma. Sin embargo, el juez Mardiza resolvió mantener la prisión preventiva por 90 días más para Muñoz, Décima y Augier, aunque concedió a Décima arresto domiciliario con tobillera electrónica, considerando su rol como cuidadora de una hermana con discapacidad y su hija menor.

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