Una significativa acción judicial se concretó este martes en la capital tucumana, San Miguel de Tucumán, donde la Dependencia Especializada en Crímenes Complicados del Ministerio Público Fiscal (MPF), liderada por la fiscal Mariana Rivadeneira, dispuso y llevó a cabo el registro simultáneo de diez residencias que pertenecen a líderes de seccionales de la provincia. La disposición se ejecutó dentro de un proceso indagatorio por una grave imputación de exigencia de exacciones indebidas o dádivas.

Las operaciones, que se iniciaron en las primeras horas del alba, ofrecieron resultados favorables. Fuentes del Ministerio Público comunicaron que, durante los registros, se consiguió la incautación de armamento, equipos de comunicación móvil y otros aparatos de resguardo electrónico de gran relevancia para el expediente. Estos elementos serán examinados por el Equipo Científico de Pesquisas Fiscales (ECIF) para progresar en la compilación de evidencias.

La funcionaria Rivadeneira, junto con la secretaria contenciosa Brenda Deroy e integrantes de la UFI y el ECIF, vigiló personalmente las diligencias. La magnitud de las acciones y la cantidad de oficiales de la policía comprometidos enfatizan la seriedad de la denuncia y la determinación del Ministerio Público de investigar a fondo posibles hechos de corrupción dentro de la fuerza de seguridad.

Hasta el instante, no se han provisto detalles sobre la identidad de los cabecillas de las seccionales implicados ni la extensión de los presuntos cohechos.

La indagación prosigue en desarrollo para establecer las responsabilidades particulares y el alcance de la trama que pudo haber funcionado bajo el amparo de la institución policial.