El expresidente Alberto Fernández fue procesado este jueves por el juez federal Sebastián Casanello en el marco de la denominada "causa Seguros", en la que se investiga un entramado de contrataciones direccionadas durante su mandato. La resolución incluyó un embargo por $14.634 millones y una dura acusación: haber promovido negocios privados desde la estructura del Estado.

El caso gira en torno al decreto 823/21, que obligaba a organismos públicos a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros, y a la designación de María Cantero, esposa del empresario Héctor Martínez Sosa, como secretaria privada del expresidente en la Casa Rosada.

 El descargo de Alberto Fernández

A través de su cuenta en X (ex Twitter), el expresidente respondió al procesamiento con un duro mensaje contra el Poder Judicial:

"Dejen de perseguirme por ser peronista (...) La decisión judicial fuerza la interpretación de pruebas para mantenerme arbitrariamente ligado al proceso".

Fernández señaló que su defensa no fue notificada formalmente de esta imputación y que el juez ya tenía "tomada la decisión" antes de escucharlo en indagatoria.

Chats, vínculos y sospechas

Según el fallo, existen "fuertes sospechas" de que Fernández utilizó la Secretaría Privada como plataforma de negocios vinculados al entorno de Martínez Sosa. La Justicia detectó una red de intercambios personales, entrega de regalos, favores, y movimientos millonarios en comisiones cobradas por empresas del empresario, que acumuló más de $2.200 millones entre 2019 y 2023.

Además, los investigadores revelaron que Martínez Sosa visitaba la quinta de Olivos en secreto y que Cantero habría usado su cercanía con el presidente para abrir puertas en organismos oficiales.

La defensa legal: apelación inminente

El equipo jurídico de Fernández, encabezado por la abogada Mariana Barbitta, anunció que apelará el procesamiento ante la Cámara Federal. En su comunicado señalaron que el fallo:

• "Viola el derecho de defensa",

• "se basa en presunciones"

• y fue dictado "sin pruebas producidas" ni intervención de especialistas en seguros.

También remarcaron que el procesamiento vulnera principios fundamentales como el de la culpabilidad y la proporcionalidad.

La causa busca establecer si desde la Presidencia se favoreció a un grupo empresario cercano al mandatario mediante un esquema que centralizaba las pólizas estatales en Nación Seguros, con intermediarios previamente seleccionados.

La Justicia también investiga si hubo un uso irregular del cargo público para beneficiar a terceros, con vínculos personales y económicos con el entonces presidente.