Un ajuste de gran magnitud en áreas clave del Estado

La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional durante 2025 dejó un dato contundente: el gasto público cayó un 29% en términos reales frente a 2023. Así lo señala un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que describe un escenario de ajuste profundo con efectos directos sobre sectores centrales del Estado.

Las áreas sociales figuran entre las más golpeadas. Salud, educación, desarrollo social y ciencia registraron recortes históricos que, en varios casos, implicaron la paralización total de programas estratégicos.

Salud, educación y ciencia, entre los sectores más afectados

En el área sanitaria, el ajuste impactó de lleno en organismos y hospitales nacionales. La Superintendencia de Servicios de Salud sufrió un recorte del 72%, mientras que instituciones como el Instituto Malbrán y la ANMAT perdieron alrededor del 25% de su presupuesto. Varios programas de prevención y atención territorial directamente no tuvieron ejecución.

El panorama educativo también fue crítico: iniciativas como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente quedaron desfinanciadas, y se aplicaron fuertes recortes en becas, infraestructura escolar y formación docente.

En ciencia y tecnología, el retroceso fue marcado. El programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó más del 80%, y organismos como el CONICET, la CONAE y la Fundación Miguel Lillo registraron bajas de hasta el 32%, lo que compromete la continuidad de investigaciones y desarrollos estratégicos.

Obra pública paralizada y menos fondos para provincias

El informe del CEPA también alerta sobre una virtual parálisis de la obra pública. Los programas de infraestructura y transporte registraron caídas de entre el 74% y el 100%, afectando rutas, puentes, túneles y obras hidráulicas en todo el país.

A esto se suma un ajuste severo en las transferencias a provincias y municipios. La asistencia financiera del Tesoro Nacional mostró recortes de hasta el 100% en algunos fondos, profundizando las dificultades fiscales de los gobiernos locales.

Más gasto en Inteligencia y fuerte peso de la deuda

En contraste con el ajuste generalizado, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó su ejecución presupuestaria un 52% respecto de 2023. Además, los servicios de la deuda pública continuaron ocupando un lugar central en el presupuesto, con el 8% del gasto total ejecutado.

Según el CEPA, este esquema de prioridades expone un cambio estructural en el uso de los recursos públicos. La combinación de recortes en políticas sociales, educativas y productivas, junto con el aumento del gasto en Inteligencia y el peso sostenido de la deuda, plantea un escenario preocupante para la continuidad de programas esenciales y el desarrollo económico a mediano y largo plazo.