La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en Tucumán encendió las alarmas con una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo contra la firma Citrusvil S.A., propiedad del empresario Daniel Lucci. Según el gremio, la empresa y sus contratistas estarían pagando a los cosecheros del limón por 400 kilos, cuando en realidad los bolsones llegan a pesar entre 470 y 480 kilos.

"Están robándole directamente al trabajador. No es un error, es una práctica sistemática para quedarse con lo que no les corresponde", denunció Germán Ferrari, dirigente provincial de la UATRE.

La acusación incluye retenciones indebidas, violación de normas laborales y condiciones de trabajo precarias. "No hay baños, no hay agua, no se les da ropa de trabajo, y esto está estipulado en el convenio colectivo", insistió Ferrari, quien detalló que la estafa fue verificada con balanzas frente a funcionarios de la Secretaría de Trabajo.

Citrusvil: negocios millonarios y obreros precarizados

Citrusvil, uno de los principales exportadores de jugo de limón del país, mantiene un contrato multimillonario con Coca-Cola, a quien le provee jugo concentrado para embotelladoras en todo el mundo. Sin embargo, esta relación de negocios contrasta con las condiciones denunciadas en los campos de Tucumán.

La compañía se beneficia del posicionamiento estratégico de la industria citrícola en la provincia, pero las denuncias dejan al descubierto un entramado de explotación laboral que involucra a cientos de trabajadores rurales, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad.

Daniel Lucci irá a juicio por violencia de género

A las acusaciones laborales se suma otro frente judicial: Daniel Lucci deberá enfrentar un juicio oral y público por una causa de violencia de género, iniciada en 2023 por su exesposa.

La decisión fue adoptada por el juez Sebastián Mardiza, tras una audiencia en la que consideró que las pruebas reunidas en la causa "tienen mérito suficiente para avanzar a la etapa de juicio". La fiscal María Alejandra Navarro, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género 2, había solicitado en noviembre de 2024 la elevación del caso a juicio por considerar probados los hechos de violencia.

Un intento fallido de evitar el juicio

En instancias previas, Lucci intentó evitar el proceso judicial ofreciendo una caución de $6.000.000 en cuotas, además de realizar tareas comunitarias en la Casa Cuna y en una escuela de Burruyacu, propuesta que fue rechazada por el juez.

"Este intento de canjear la justicia por dinero y tareas menores fue desestimado. El proceso seguirá su curso", confirmó una fuente judicial.

Un caso que interpela a todo el sector productivo

Las denuncias contra Citrusvil y Daniel Lucci no solo tienen impacto en el ámbito judicial, sino que abren un fuerte debate sobre las condiciones en las que se produce uno de los principales cultivos exportables del país. Con la cosecha de limón en plena actividad, el foco está puesto en la responsabilidad empresarial y en la intervención del Estado para garantizar condiciones laborales dignas.

La explotación laboral y la impunidad judicial ya no pueden ser parte del modelo productivo.