Nuevo esquema de uso compartido y aumento en el precio por MWh

Antes del arranque del invierno, Argentina firmó un nuevo acuerdo con Paraguay para redefinir la utilización de la energía generada en la central hidroeléctrica de Yacyretá. La medida fue oficializada este martes mediante el Decreto 303/2025, publicado en el Boletín Oficial.

El nuevo entendimiento establece un esquema de planificación y operación conjunta entre la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (ANDE) y la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Ambas podrán retirar hasta el 50% de la energía en condiciones normales y, si es técnicamente viable, podrán acceder al 100% en caso de acuerdo mutuo.

Uno de los cambios centrales es el aumento del precio que Argentina pagará por la energía: pasa de US$17 a US$28 por megavatio/hora (MWh), como parte de la tarifa total pactada.

Un paso clave en el plan financiero de Yacyretá

Este nuevo marco forma parte del Plan de Reestructuración Financiera de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con el que se busca eliminar la necesidad de aportes del Tesoro Nacional, evitar acumulación de deuda por diferencias tarifarias y establecer un "esquema de déficit cero".

Según el texto oficial, la nueva modalidad de pago permite sostener el funcionamiento de la EBY sin recurrir a compensaciones presupuestarias. El objetivo de fondo es garantizar la viabilidad operativa y financiera de la entidad binacional.

Privatizaciones en marcha: cuatro represas en la mira

En paralelo, el Gobierno nacional avanza con el proceso de privatización de cuatro represas hidroeléctricas claves para el sistema energético del país. Se trata de Piedra del Águila, Alicurá, El Chocón-Arroyito y Planicie Banderita, que en conjunto generan alrededor del 10% de la electricidad nacional.

El 7 de mayo se espera la publicación del pliego para la licitación pública nacional e internacional. Ese día también vence el plazo otorgado a las provincias de Neuquén y Río Negro para revisar el borrador del concurso.

Estas represas habían sido concesionadas por 30 años, plazo que venció en agosto de 2023 y fue prorrogado hasta que concluya el nuevo proceso de reprivatización impulsado por el Ejecutivo.