El caso de Bastián, el niño de 8 años que permanece internado en estado crítico tras el violento choque ocurrido en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, volvió a conmover a la sociedad. A la angustia por su estado de salud se sumó una decisión judicial que generó impacto y debate: la imputación penal de su propio padre.

La reacción social es comprensible. ¿Cómo puede la Justicia avanzar contra un padre que hoy atraviesa el peor dolor imaginable? ¿No alcanza con la tragedia personal que está viviendo?

Aquí no se analiza una intención de dañar, sino si existió una omisión del deber de cuidado que la ley exige, especialmente cuando hay menores involucrados.

De acuerdo con la información publicada por diversos medios nacionales, la imputación actual es por lesiones graves. El eje de la investigación está puesto en que el menor viajaba sin cinturón de seguridad y sentado sobre el regazo de su padre al momento del impacto, pese a que el vehículo contaba con asientos y sistemas de sujeción. Según la hipótesis fiscal, esa omisión habría incrementado de manera decisiva el riesgo y tenido incidencia directa en la gravedad de las lesiones.

Este es el núcleo de la responsabilidad culposa: no hacer lo que razonablemente debía hacerse para evitar un daño previsible. Cuando se trata de un padre y su hijo, el ordenamiento jurídico entiende que existe un deber reforzado de cuidado. El vínculo familiar no excluye responsabilidad; en determinados supuestos, la intensifica.

El padre no es el único imputado. La investigación judicial alcanza a los conductores de los otros vehículos involucrados en el siniestro, con el objetivo de determinar responsabilidades individuales y eventuales concurrencias de culpa.

Fuente: Infobae.