La situación judicial de Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por presuntos gestos racistas, se agravó este miércoles. La Justicia de Río de Janeiro resolvió elevar la causa a juicio y rechazó los planteos de la defensa.

La joven está imputada por el delito de injuria racial, una figura que en el Código Penal brasileño prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

La decisión judicial y el rechazo a la defensa

Según explicó la propia Páez en declaraciones televisivas, el Ministerio Público Fiscal desestimó los argumentos presentados por su equipo legal y solicitó fijar una nueva fecha de audiencia.

Días atrás, la defensa había presentado un hábeas corpus de 50 páginas cuestionando el proceso y reclamando garantías legales. En ese recurso se detallaban horarios, circunstancias del hecho y referencias a cámaras de seguridad que -según sostienen- no habrían sido incorporadas al expediente.

Sin embargo, la Justicia brasileña rechazó esos planteos y confirmó que el caso avanzará a la instancia de juicio oral.

Prohibición de salida y permanencia en Brasil

Mientras se desarrolla el proceso, Páez tiene prohibida la salida del estado de Río de Janeiro, por lo que no puede regresar a la Argentina.

Su padre, Mariano Páez, sostuvo que la familia insiste en que no se habrían considerado todos los elementos probatorios. No obstante, el expediente continúa su curso en los tribunales locales.

El episodio en Ipanema que originó la causa

El caso se remonta al 14 de enero, cuando la abogada fue acusada de haber realizado gestos racistas contra empleados de un bar en el barrio de Ipanema, tras una discusión por la cuenta.

Según la denuncia, los gestos fueron interpretados como ofensivos y discriminatorios. La joven, por su parte, aseguró que también recibió actitudes desubicadas por parte de los empleados del lugar, aunque esa versión no fue incorporada como atenuante en la acusación formal.

Con la causa elevada a juicio y la prohibición de abandonar Brasil vigente, el futuro judicial de la abogada argentina queda ahora en manos del tribunal que deberá determinar su responsabilidad en el hecho.