A cinco años de la promulgación de la Ley 27.610, que garantiza el aborto legal, seguro y gratuito, el escenario es muy distinto al de aquella madrugada histórica en el Congreso. Si bien la normativa sigue vigente y es de orden público en todo el país, su aplicación enfrenta serias dificultades en un contexto de recortes presupuestarios y desarticulación de políticas públicas vinculadas a la salud sexual y reproductiva.

La ley fue aprobada el 30 de diciembre de 2020 por el Senado, tras más de doce horas de debate, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. Días después comenzó a regir oficialmente, permitiendo el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive, dentro del sistema de salud.

Desfinanciamiento y desigualdad en la implementación

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito advierten que el principal riesgo actual no es la derogación formal de la ley, sino su vaciamiento mediante la falta de recursos. Así lo explicó Gio Eiriz, articulante de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires, quien señaló que el desfinanciamiento impacta directamente en la provisión de medicamentos esenciales como el misoprostol y la mifepristona.

Ante la ausencia de compras y distribución a nivel nacional, el cumplimiento de la ley queda en manos de los gobiernos provinciales, lo que profundiza las desigualdades territoriales. Provincias del norte argentino y del litoral aparecen como las más comprometidas, con denuncias por faltantes de insumos, uso indebido de la objeción de conciencia, desinformación y maltrato hacia mujeres y personas gestantes.

En este contexto, las redes feministas y organizaciones sociales cumplen un rol clave para acompañar y garantizar el acceso, aunque remarcan que no buscan reemplazar al Estado, sino exigir que cumpla con sus obligaciones legales.

Falta de datos oficiales y retroceso en políticas públicas

Otro de los puntos críticos es la ausencia de estadísticas oficiales. Desde 2023, el Estado nacional dejó de publicar datos sobre interrupciones legales y voluntarias del embarazo. Según el último informe del Ministerio de Salud, entre 2021 y 2023 accedieron a abortos seguros más de 245 mil personas y se incrementó en un 118% la cantidad de efectores de salud que garantizaban la práctica.

Sin embargo, desde entonces no hay información pública actualizada. A esto se suma una reducción del 81% en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo entre 2023 y 2024, lo que impacta directamente en la prevención de embarazos no deseados.

Organismos como Amnistía Internacional reportaron más de 400 denuncias por barreras de acceso, principalmente por falta de información clara y precisa.

¿Está en riesgo la Ley del Aborto?

Si bien el Gobierno nacional se manifestó en reiteradas ocasiones en contra de las políticas de género y de salud reproductiva, desde las organizaciones feministas consideran que una derogación directa de la ley no avanzó por la resistencia social y la fuerza del movimiento que logró su sanción.

No obstante, alertan que la no implementación también constituye una violación a la ley. "No cumplirla es ilegal", sostienen desde la Campaña, y remarcan la necesidad de seguir informando, visibilizando derechos y exigiendo responsabilidad estatal.

A cinco años de su sanción, la Ley del Aborto sigue vigente, pero su futuro depende de la capacidad de sostener políticas públicas activas que garanticen el acceso real y equitativo en todo el país.