Hoy, 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, podría estar escribiendo sobre nuevas conquistas o avances para la minoría simbólica a la que pertenezco. Pero no. Estamos en Tucumán, el jardín de la impunidad, y este 8M no solo nos encuentra ante un gobierno nacional negacionista de la violencia de género, sino ante una provincia que construye, una y otra vez, muros de silencio sobre los cuerpos de las mujeres para proteger a los poderosos y sus amigos.

La celeridad del privilegio

El pasado 26 de febrero, Edmundo "Pirincho" Jiménez, jefe de los fiscales, firmó un dictamen que cuestiona la condena contra Franco Trapani y Álvaro Rodríguez por abuso sexual; una sentencia que, cabe recordar, demoró nueve años en llegar para Carolina Monteros.

En un tiempo récord -que contrasta cruelmente con el sacrificado proceso para la víctima-, el jefe de los fiscales sostiene que el fallo presenta una "valoración arbitraria del plexo probatorio" y que "no se alcanzó el nivel de certeza necesario para dictar una condena penal". El dictamen completo, publicado por Enterate Noticias el 4 de marzo, es una radiografía de cómo el Ministerio Público Fiscal de Tucumán opera como un escudo para el poder.

La rancia lógica de la "Víctima Ideal"

Este dictamen se cimenta sobre la lógica obsoleta de la "víctima ideal": aquella que debe presentar una resistencia física heroica o evidencias genéticas irrefutables. No estamos ante una pieza jurídica, sino ante una recitación de la impunidad de clase. El escrito responde a una lógica patriarcal donde la duda se invierte y la carga de la prueba recae sobre los cuerpos de las mujeres, beneficiando siempre al varón posicionado. Bajo esta mirada, el testimonio de la víctima se enmudece si no viene respaldado por un "espectáculo" de violencia física. La víctima que exige Jiménez solo existe en los manuales del siglo pasado.

Datos contra la ficción judicial

En el imaginario construido por la ficción, se cree que las violaciones son perpetradas por extraños en callejones oscuros. Sin embargo, esta fantasía choca con datos que reflejan que la mayoría de los abusos ocurren dentro del círculo de confianza. Según un informe de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal de la Nación (2017), el 68% de las condenas por abuso corresponden a delitos intrafamiliares. Citamos datos nacionales porque el Ministerio Público de Tucumán no aporta información transparente que permita evaluar su desempeño.

En los delitos contra la integridad sexual, que suelen ocurrir en la intimidad y sin testigos, el testimonio de la víctima es la prueba central. Este se acompaña de pericias psicológicas y psiquiátricas que dan cuenta de la huella psíquica que dejó el abuso; probar una violación hoy es, esencialmente, reconstruir la anulación de la voluntad.

Sumisión y vulnerabilidad química en el dictamen

En la página 14 del dictamen, el jefe de los fiscales reconoce la inexistencia de una pericia toxicológica, pero se arroga facultades científicas al considerar que la cantidad de alcohol que la víctima dijo consumir fue "insuficiente para provocar un estado de inconsciencia".

Este párrafo dispara la problemática de la sumisión y la vulnerabilidad química, fenómenos que han adquirido relevancia por el incremento de casos y su repercusión social. La sumisión química se define como la administración de una sustancia psicoactiva sin conocimiento de la víctima para anular su voluntad. Aunque el término no sea textual en nuestro Código Penal, esta modalidad está plenamente penada mediante la interpretación del consentimiento viciado (Art. 119 CP). Por otro lado, la vulnerabilidad química ocurre cuando el agresor se aprovecha del estado de intoxicación previo de la víctima. El primer concepto se circunscribe al ataque; el segundo, al aprovechamiento de la indefensión.

"Me sentía rara, estaba un poco alcoholizada, tenía destellos de lucidez", declaró Carolina Monteros (Feminacida, 2022). El dictamen también cita pasajes de su testimonio que describen una "desconexión entre la mente y el cuerpo". Científicamente, cuando el nivel de sustancias afecta el sistema nervioso, aparecen síntomas como pérdida de coordinación, disartria, visión borrosa, confusión mental y amnesia entre otros.

No existe una cifra universal de miligramos de alcohol que se aplique a todas las personas por igual. La determinación del estado de conciencia es interdisciplinaria y varía según sexo, peso, rapidez de la ingesta, comida previa y tolerancia individual. Incluso la Ley Nacional de Alcohol Cero se sostiene bajo la premisa de que dosis bajas provocan desinhibición y juicio deteriorado. Con esto corroboramos, una vez más, la deslegitimación sistemática que el Ministerio Público busca hacer del relato de la víctima. Para que el consentimiento sea legalmente válido, debe ser libre, consciente y revocable; en un estado de vulnerabilidad química, estos pilares se derrumban.

La impunidad no es un error, es una firma oficial

Este 8 de marzo, las calles y las redes se vuelven a llenar de lo obvio. Mientras la marea clama indignación, los despachos devuelven ecos de silencio. Este dictamen no fue un error técnico ni un hecho aislado: es un eslabón más de una cadena de impunidad. La justicia no está buscando la verdad; solo pretende alevosamente blindar el privilegio de los poderosos. Lo que se denuncia en cada caso termina siendo lo mismo: en Tucumán, la justicia es la herramienta más sofisticada de los abusadores.



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