En las provincias argentinas, no es raro encontrar casos en los que jueces de las Cortes Supremas tengan vínculos directos con el poder político local: sobrinos de gobernadores, exministros, abogados personales de mandatarios o legisladores del partido oficialista. Situaciones como estas se repiten en La Rioja, Catamarca, Santa Fe, Formosa y otras provincias, mostrando que no son casos aislados, sino un patrón frecuente que cuestiona la independencia del Poder Judicial.

Datos del relevamiento nacional

Por primera vez, un relevamiento realizado por Ruido y CONNECTAS en las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires arrojó cifras concretas: el 64% de quienes integran las Cortes Supremas provinciales tuvieron nexos con gobiernos locales o funcionarios antes de asumir sus cargos. Esto equivale a 88 de los 138 jueces relevados.

Entre esos vínculos, se incluyen cargos ejecutivos o legislativos, funciones partidarias, asesorías legales y relaciones laborales directas con funcionarios de gobierno. Además, más de la mitad de estos jueces fueron designados bajo gobiernos del mismo signo político con el que tenían vínculo previo.

"La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad", advierte Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional. Según datos del Latinobarómetro, sólo el 22% de los argentinos confía en la Justicia, cifra que la politización judicial contribuye a mantener baja.

Casos emblemáticos: Tucumán y San Juan

En 2023, las Cortes de Tucumán y San Juan casi permiten la reelección de sus gobernadores pese a las prohibiciones constitucionales. Los tribunales locales admitieron la postulación de Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente, y sólo la Corte Suprema de Justicia de la Nación pudo revertir la situación.

En San Juan, los cinco jueces de la Corte tienen antecedentes vinculados al poder Ejecutivo y fueron designados durante gobiernos peronistas, el mismo signo político de su relación anterior. En Tucumán, cuatro de los cinco magistrados de la Corte provincial también tienen antecedentes como fiscales de Estado o funcionarios del Ejecutivo.

Provincias con mayor concentración de vínculos políticos

La Rioja, San Juan y San Luis encabezan el ranking de nexos políticos: todas las bancas de sus Cortes están ocupadas por jueces con antecedentes cercanos al poder. Un caso destacado es La Rioja, donde la sobrina del gobernador Ricardo Quintela, Ana Karina Becerra, fue designada jueza y luego presidenta del Tribunal Superior de Justicia en apenas cuatro meses.

En estas provincias, la mayoría de los jueces fueron nombrados por gobiernos peronistas, el mismo signo político con el que tenían vínculos previos, reflejando cómo la afiliación política condiciona históricamente las designaciones judiciales.

Obstáculos para investigar y transparencia limitada

El relevamiento incluyó pedidos de acceso a la información a las 24 Cortes provinciales. Solo nueve respondieron, y únicamente Córdoba proporcionó la información completa. Muchos tribunales carecen de biografías públicas de sus jueces, dificultando conocer sus antecedentes y competencias.

"Que los jueces tengan antecedentes en el Ejecutivo o Legislativo no es necesariamente un problema en sí mismo, pero sí es relevante seguir cómo votan y toman decisiones", explica Héctor Chayer, de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA).

Influencias y método de selección de jueces

En Argentina, la designación de jueces combina nominación del Ejecutivo y acuerdo del Legislativo, con variaciones según la provincia. Para expertos como Fernando Gauna Alsina, de la Asociación Pensamiento Penal, la clave está en garantizar credenciales jurídicas sólidas y procesos de selección serios que eleven los estándares de las candidaturas.

Casos concretos muestran los riesgos de la politización:

• Entre Ríos: El exgobernador Sergio Urribarri fue liberado tras ser condenado a 8 años de prisión por corrupción, gracias a un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde el presidente del tribunal había sido funcionario del propio gobierno de Urribarri.

• Tucumán: En 2020, el juez tucumano Enrique Pedicone hizo público un audio que él mismo había grabado en un bar, durante una conversación con el presidente de la Corte Suprema provincial, Daniel Leiva. En esa charla, Leiva le solicitaba a Pedicone que "maneje la intensidad" en una causa contra el legislador Ricardo Bussi, por un presunto caso de abuso sexual que habría sucedido en su despacho de la Legislatura. Según Pedicone, Leiva "actuó a pedido de Osvaldo Jaldo (actual gobernador de Tucumán, entonces vice) y de Juan Manzur (ex primermandatario provincial, hoy senador)".

  Pedicone, juez de la Cámara Penal provincial, inició entonces una causa judicial contra Leiva, por supuesto tráfico de influencias.

  La incorporación de esas grabaciones al expediente fue rechazada por distintas instancias del ámbito provincial y hoy son materia de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

  En el medio y por supuestamente haber incumplido sus deberes como funcionario público en otros casos, Pedicone fue destituido de su cargo como juez por el Jurado de Enjuiciamiento provincial el 17 de febrero de 2021. Ese Jurado está integrado, entre otros miembros, por dos ministros de la Suprema Corte provincial.

  La CSJN también debe resolver el amparo que presentó Pedicone para ser restituido como juez. Daniel Leiva sigue en su puesto.

Conclusión: ¿justicia o poder?

Clara Lucarella, coordinadora de ACIJ, subraya que los procesos de selección de las Cortes Supremas, incluso de la Corte Suprema nacional, carecen de participación ciudadana y transparencia suficiente. Rodrigo López Tais, abogado constitucionalista, advierte: "Una república sin jueces independientes es apenas un ornamento constitucional. Los jueces hablan en nombre del poder, no de la justicia".

Este relevamiento demuestra cómo los vínculos políticos en la Justicia provincial refuerzan percepciones de parcialidad y debilitan la confianza de los ciudadanos en sus tribunales. La transparencia, la independencia y los mecanismos de control siguen siendo los desafíos centrales para garantizar que la Justicia actúe verdaderamente en nombre de la sociedad.

Fuente: Chequeado