Fentanilo contaminado: prohíben salir del país a 31 personas y congelan sus bienes
La Justicia avanza en la causa por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado. Inhibieron bienes a empresarios y farmacéuticas, y se investiga una red de producción y distribución ilegal.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó la inhibición de bienes y la prohibición de salida del país para 25 personas y 8 empresas vinculadas a la distribución de fentanilo contaminado, que ya provocó la muerte de decenas de pacientes en diferentes provincias. La decisión judicial busca resguardar los activos de los involucrados y evitar que se obstaculice la investigación penal.
La causa se inició tras una denuncia de la ANMAT luego de que el Hospital Italiano de La Plata reportara infecciones graves y fallecimientos tras la administración del fentanilo HLB, un medicamento que fue distribuido en gran parte del país.
Laboratorios y droguerías bajo sospecha de formar una red ilegal
Entre las empresas implicadas figuran HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo y la droguería Alfarma, sospechadas de operar como parte de un entramado empresarial que manejaba la elaboración y distribución del fármaco adulterado. Según Kreplak, los indicios apuntan a una red societaria compleja con movimientos patrimoniales a gran escala.
Las sociedades alcanzadas por la medida judicial son: HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA, Alfarma SRL, Regional Med SRL, Droguería Mayorista SA, Glamamed SRL, Nueva Era Rosario SRL, Surar Pharma SA y Cables Epuyen SRL.
Familiares de víctimas exigen justicia mientras se esperan peritajes clave
Hasta el momento, no hay imputaciones formales, pero las pruebas recolectadas -como informes bacteriológicos, documentos secuestrados y registros de calidad- aceleran el avance del expediente. Kreplak ya había dispuesto restricciones migratorias en mayo y las amplió tras nuevas pruebas.
La medida también alcanza a propiedades registradas en Buenos Aires, CABA y Santa Fe, y se notificó a registros de autos, aeronaves, buques y clubes de campo donde algunos imputados tienen bienes.
Mientras tanto, familiares de las víctimas reclaman avances y responsabilidades concretas por las muertes provocadas por un medicamento que debía salvar vidas, no quitarlas.