Reestructuran el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de la ESMA: pasarán a formar parte del CIPDH
El Gobierno oficializó la incorporación de ambos organismos al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, con el objetivo de optimizar recursos y centralizar funciones.
A través del Decreto 344/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional dispuso la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo Sitio de la Memoria ESMA. A partir de ahora, ambos organismos pasarán a ser unidades organizativas dentro del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos.
Según se argumenta en el texto oficial, esta decisión se enmarca en la Ley de Emergencia Pública N° 27.742, que habilita al Ejecutivo a reorganizar estructuras estatales con el fin de mejorar la eficiencia administrativa. El objetivo principal es "preservar la memoria histórica, optimizar el uso de los recursos y evitar superposiciones de funciones".
Qué implica esta reestructuración
El CIPDH, creado por la Ley N° 26.708, asumirá todas las funciones, responsabilidades y recursos de los organismos transformados. Esto incluye el traspaso de bienes, personal, créditos presupuestarios y unidades organizativas. Además, se garantiza la conservación de los archivos y la continuidad de las actividades vinculadas a la memoria del terrorismo de Estado.
No obstante, se estableció una excepción: la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, que dependía del Archivo Nacional de la Memoria, pasará a estar bajo supervisión directa de la Secretaría de Derechos Humanos.
Qué pasará con el personal y los fondos
El decreto también indica que el Ministerio de Justicia deberá dictar los actos administrativos necesarios para implementar la reestructuración, y el CIPDH tendrá que presentar una propuesta de adecuación de su estructura interna. Asimismo, se aclara que los convenios existentes entre el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantendrán vigentes.
La medida fue acompañada de un informe técnico que revela que el Estado nacional posee 111 organismos públicos, muchos de ellos con estructuras costosas y redundantes. La reorganización busca reducir este sobredimensionamiento, sin afectar las tareas esenciales vinculadas a la protección de los derechos humanos.