La paciencia de las 1200 familias estafadas por la Constructora Grandi se agotó. Esta mañana, los damnificados volvieron a movilizarse a las puertas del Ministerio Publico Fiscal, pero esta vez el reclamo tuvo un destinatario claro: la Justicia de Tucumán. Denuncian que, tras más de 10 años de espera y pagos realizados, la causa penal contra Miguel de la Cruz Grandi y sus socios no avanza porque el sistema judicial funciona como una trampa burocrática diseñada para dilatar los tiempos.

Una "calesita" de fiscales que garantiza la impunidad

El nudo del conflicto ya no es solo la falta de entrega de los departamentos, sino el manejo del expediente. Las víctimas aseguran que la investigación sufre un bloqueo sistemático.

"La causa cada vez que avanza, cambia de fiscal. Ya cambió cuatro veces", denunció una de las voceras en la puerta del MPF.

Esta rotación constante obliga a que la investigación vuelva a "fojas cero" una y otra vez, impidiendo que se llegue a una condena efectiva o a una solución para los compradores. Ante este escenario, le exigieron públicamente al Ministro Fiscal Edmundo Jiménez que tome cartas en el asunto para que la causa deje de pasar de mano en mano y se termine la "bicicleta judicial".

Departamentos pagados, obras abandonadas

El caso testigo es el fideicomiso "Virgen de la Merced". Según relataron las damnificadas, las obras debían entregarse en 2016, pero hoy son estructuras "muertas" y abandonadas en pleno centro, descritas como un "hormiguero" sin terminar.

Lo más grave es que las familias aseguran haber pagado la totalidad de los inmuebles. Incluso en 2016, accedieron a un "ajuste de cuota" con la promesa de reactivar la construcción, algo que nunca sucedió. 

"Es un sitio baldío con una estructura muerta", sentenciaron, remarcando que pusieron sus ahorros en un proyecto que hoy no es más que una cáscara vacía.

El colmo: intimaciones a las víctimas

Lejos de ofrecer soluciones, la constructora pasó al contraataque. Los damnificados denunciaron que, en enero, recibieron cartas documento firmadas por Grandi intimándolos a pagar supuestas diferencias en un plazo de 10 días bajo amenaza de dejar sin efecto sus derechos.

"Él es el estafador número uno de Tucumán y tiene el tupé de intimarnos a nosotros", dispararon.

Para las familias, esta maniobra no es más que una "burlas" y una muestra de impunidad de quien califican como un "mafioso" que sigue operando mientras la Justicia mira para otro lado.