Desde el 8 de marzo de 2014, hace 11 años y 7 meses, Mariana Griselda González permanece desaparecida. Tenía 31 años, tres hijos y vivía en Leales, Tucumán. Su madre, Neri Corbalán, relató en una entrevista de Micaela Alegre para El Avispero los meses previos a la desaparición y los vacíos que percibe en la actuación de la Justicia.

La denuncia previa y la falta de medidas de protección

Según Corbalán, Mariana había denunciado cuatro meses antes de desaparecer que había sido víctima de un ataque en la calle San Luis, entre Malawi y Japón. Cuatro hombres habrían estado involucrados.

"Ella tenía ataques de pánico, se trababa la puerta, ponía mesas y palos porque tenía miedo. La Justicia sabía que estaba siendo amenazada, pero no hubo medidas de protección", relató la madre de Mariana.

Corbalán también denunció que, tras la desaparición de su hija, la familia sufrió dificultades económicas, incluyendo la suspensión de la tutela y el salario correspondiente, lo que dejó a los hijos sin ingresos durante meses.

Recompensa y respuesta judicial

La madre de Mariana destacó que la recompensa inicial de 50.000 pesos se incrementó años después a un millón de pesos, aunque consideró que la cifra sigue siendo insuficiente para movilizar la investigación: "Un millón de pesos no es nada. Si antes eran 50.000, ni siquiera por un caniche, ¿y ahora por una persona?", cuestionó.

Corbalán aseguró que la justicia y el gobierno prácticamente la desampararon, obligándola a hacerse cargo de la familia mientras la investigación de su hija avanzaba lentamente.

Esperanza y reclamo

A pesar del tiempo transcurrido, Neri mantiene esperanza de encontrar a su hija: "Las mamás no nos olvidamos jamás. Aunque estemos en cualquier momento, la tenemos siempre presente", expresó.

Corbalán también cuestionó la actuación judicial: "Ella puso la denuncia, y ¿por qué no hicieron nada? A uno le da vergüenza ajena pensar que no van a investigar más. Yo sí tengo que seguir yendo para que se sepa que uno existe todavía".

La desaparición de Mariana González sigue siendo un caso abierto en Tucumán, emblemático de la lucha contra la impunidad y de la exigencia de respuestas por parte de la Justicia provincial.