El Parlamento de Venezuela, dominado por el chavismo, aprobó una legislación que impone severas penas a quienes respalden sanciones internacionales contra el país. La normativa castiga con entre 25 y 30 años de prisión a cualquier persona que "promueva, facilite o participe" en medidas coercitivas externas. Además, contempla inhabilitaciones políticas de hasta 60 años y multas que superan el millón de dólares.

Esta ley surge como respuesta directa a una propuesta en el Congreso de Estados Unidos para intensificar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Penalidades por acciones armadas y crímenes de lesa humanidad

El alcance de la nueva normativa también incluye penas similares para quienes participen o financien acciones armadas contra Venezuela. Según el texto, estas sanciones internacionales son consideradas "crímenes de lesa humanidad", una categorización que el gobierno venezolano fundamenta en las más de 900 medidas impuestas por Estados Unidos en la última década.

La ley, además, apunta contra el desconocimiento de la legitimidad de los poderes públicos y el reconocimiento de inversiones o figuras que "simulen" representar al Estado, lo que afecta directamente a sectores que no reconocen los resultados de las elecciones presidenciales de julio.

Registro de presuntos infractores y confiscación de bienes

El nuevo marco legal establece la creación de un registro nacional de personas bajo "presunción fundada" de apoyar sanciones o acciones armadas. Estas personas podrían enfrentar congelación de activos, prohibición de realizar transacciones y, en el caso de extranjeros, expulsión del país. 

También incluye la "extinción de dominio", que permite al Estado confiscar bienes en territorio venezolano.

Contexto: la presión internacional y las sanciones de Estados Unidos

La aprobación de esta ley llega un día después de que Estados Unidos sancionara a 21 funcionarios venezolanos, acusándolos de liderar la represión que permitió que Nicolás Maduro se proclamara ganador de las elecciones de julio.

Mientras tanto, en el Congreso estadounidense avanza el proyecto de ley Bolivar, que busca restringir negocios con el gobierno de Maduro y personas asociadas. Este proyecto, aprobado por la Cámara de Representantes, está a la espera del visto bueno del Senado y la firma presidencial para entrar en vigor.