La Cámara Federal de Casación Penal citó a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7) a una reunión que se realizará el martes 18 de noviembre, con el fin de definir la organización del juicio por la causa Cuadernos, uno de los procesos más grandes y complejos de la historia judicial argentina.

La decisión fue adoptada durante el Acuerdo de Superintendencia celebrado este martes, bajo la presidencia del juez Daniel Petrone, e integrado por Gustavo Hornos, Angela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky.

El objetivo del encuentro, según la resolución a la que accedió Noticias Argentinas, es "abordar las herramientas necesarias para coadyuvar con la mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación del juicio".

El juicio más grande del fuero federal

La causa Cuadernos -que investiga una trama de presuntos sobornos en la obra pública durante los gobiernos kirchneristas- involucra 87 imputados, más de 300 hechos de corrupción y cerca de 400 testigos.

El proceso judicial avanza actualmente con una audiencia semanal y modalidad mixta (presencial-virtual), un esquema que podría extender el juicio durante varios años. Por ello, Casación ya había advertido en resoluciones previas que este ritmo "limita el dinamismo del debate oral y público" y compromete la razonabilidad de los plazos procesales.

Desde el Consejo de la Magistratura confirmaron que se trabaja en la habilitación de una nueva sala de audiencias en Comodoro Py, con capacidad para más de 200 asistentes y soporte técnico adecuado para transmisiones remotas.

Preocupación en la Justicia por los plazos y la logística

En los tribunales federales existe creciente preocupación por la duración y las dificultades logísticas que implica el juicio, que requiere la presencia simultánea de imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales.

Fuentes del Consejo advirtieron que "un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una sola audiencia semanal" y destacaron la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para evitar que el expediente se transforme en un problema estructural del sistema judicial.

La Corte Suprema de Justicia sigue de cerca la evolución del caso, ante el riesgo de que los principios de celeridad y eficacia procesal se vean comprometidos por la magnitud del proceso.